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La República Popular Democrática de Corea es un Estado socialista independiente que representa los intereses de todo el pueblo coreano.
El poder de la RPDC pertenece a los obreros, campesinos, militares, intelectuales y demás sectores del pueblo trabajador, quienes lo ejercen a través de sus órganos representativos: la Asamblea Popular Suprema y las asambleas populares locales a todos los niveles.
El Estado protege y respeta los intereses y derechos humanos de esos dueños de éste y la sociedad. El Gobierno de la República es el representante de los derechos independientes de las masas populares, el organizador de su capacidad y actividades creativas, el responsable de su vida y el defensor de sus intereses.
Todos los órganos del Estado se estructuran y funcionan por el principio del centralismo democrático.
Los órganos del poder a todos los niveles son elegidos por votación secreta, según los principios del sufragio general, igualitario y directo.
El aparato del Estado lo integran la Asamblea Popular Suprema, el Presidente del Comité de Estado de la RPDC, el Comité de Estado, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema, el Consejo de Ministros, las Asambleas populares locales, los Comités populares locales, la Fiscalía y el Tribunal.
El Estado se dirige, por entero, por el Partido del Trabajo de Corea. Todas las organizaciones del Partido controlan de manera unificada todos los trabajos de las unidades bajo su responsabilidad y los orientan de manera política, mientras el poder de la República lleva a cabo la dirección unificada sobre el Estado y la sociedad, apoyándose en la idea directriz y la estrategia y táctica científicas del Partido.
El Estado se mantiene consecuente en la manera de resolver todos los problemas al aplicar la línea sobre las masas y adentrarse en ellas, y en el método de trabajo revolucionario consistente en poner de manifiesto la fuerza espiritual y la creatividad de las masas priorizando la labor para con la gente.
La ley socialista refleja la voluntad de las masas populares, quienes como dueñas del Estado y la sociedad disfrutan con rigor legal el derecho y la libertad democráticos, a través de la observancia de la legalidad socialista.
