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Recientemente, los tribunales locales de Japón sentenciaron como “legítima” la medida de las autoridades de excluir las escuelas coreanas de las listas de escuelas superiores de enseñanza gratuita.
Esta sentencia constituye un acto carente de la imparcialidad legal y violación de la Declaración Mundial de Derechos Humanos y la ley internacional correspondiente. Constituye un abierto amparo a los reaccionarios japoneses que repudian a los coreanos residentes en su país y reprimen la educación nacional de éstos.
En virtud del protocolo internacional de derechos humanos firmado por el gobierno japonés tiene el compromiso de asegurar a los extranjeros radicados en su territorio los derechos a aprender y continuar sus lenguas y culturas.
La Declaración Mundial de Derechos Humanos, aprobada en 1948, estipula que todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho a recibir la protección legal sin discriminación alguna.
Para colmo, Japón tiene la obligación moral y la responsabilidad de proteger a los coreanos en su país, víctimas directas del coloniaje del imperialismo japonés, y a sus descendientes, y facilitarles todas las condiciones.
Sin embargo, los reaccionarios japoneses vienen hostigando a las escuelas coreanas durante varias décadas desde el primer día de su aparición en Japón. Por si esto fuera poco, excluyeron las escuelas coreanas de la lista de aplicación de becasa las escuelas superiores, diciendo que las actividades docentes de ellas no son convenientes.
Hoy en día, aplican la política de chovinismo nacional a los estudiantes coreanos y hasta a los niños.
La conducta de los tribunales japoneses demuestra claramente a qué grado llega el prejuicio contra la RPDC y la entidad ultramarina Chongryon (Asociación General de Coreanos Residentes en Japón) y tratan de acabar con la educación nacional de los coreanos residentes en Japón.
