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El Comité Popular Provisional de Corea del Norte nacionalizó las industrias importantes del país en agosto de hace 75 años, lo cual fue un evento histórico que convirtió al pueblo coreano en el dueño de las fábricas y los medios de producción.
Entonces Corea estaba recién liberada de la ocupación militar del imperialismo japonés (1905-1945) que se apoderó de la mayoría de las industrias que constituían la arteria principal de la economía y sacó enormes ganancias con los abundantes recursos naturales de su colonia.
Era preciso nacionalizar las instalaciones industriales para erradicar las consecuencias del dominio colonial del imperialismo japonés, liberar a los obreros de la explotación y la opresión y desarrollar de modo independiente las industrias nacionales.
De ahí que el Presidente Kim Il Sung, en su informe presentado en el congreso Fundacional del Comité Central Organizador del Partido Comunista de Corea del Norte (octubre de 1945), subrayó la necesidad de nacionalizar las importantes industrias incluyendo las fábricas, las minas y los transportes ferroviarios que pertenecían a la propiedad del imperialismo japonés y sus lacayos para pasarlas a la posesión del pueblo.
Posteriormente presentó la consigna “¡Las fábricas, a los obreros!”, hizo organizar muchos comités fabriles para que ocuparan y administraran las instalaciones industriales y los órganos económicos que pertenecían al imperio japonés y sus lacayos y establecer un ordenado sistema de su control y gestión por los órganos del poder popular.
A base de esto, proclamó la “Ley de la nacionalización de las industrias, transportes, comunicaciones, bancos, etc.” el 10 de agosto de 35 de la era Juche (1946). Según ella, todas las empresas, minas, centrales eléctricas, transportes ferroviarios, comunicaciones, bancos, comercios, centros culturales, etc., que pertenecieron al Estado japonés, a personas jurídicas y naturales japonesas y a traidores coreanos serían confiscados sin indemnización y pasados a propiedad del pueblo coreano, o sea, nacionalizados.
Como objeto de confiscación limitaron a la propiedad del imperialismo japonés y los traidores nacionales mientras protegieron legalmente la de los capitalistas nacionales y promovieron activamente las actividades de gestión de los empresarios y comerciantes privados.
Como resultado, 1034 fábricas y empresas que correspondían a más de 90 por ciento de la totalidad industrial se convirtieron en propiedades estatales y de todo el pueblo.
Los obreros, convertidos en dueños de las fábricas, se levantaron con el mismo propósito y la misma voluntad abrigando el ardiente deseo y aspiración de crear una nueva vida y consolidaron firmemente la base de la edificación de la nueva Corea democrática.
