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Desde el día 15, el gobierno japonés divulga a bombo y platillo los “testimonios” de los japoneses quienes dijeron que “no hubo el trato discriminatorio a los reclutados provenientes de la Península Coreana”, al negar totalmente los actos inhumanitarios cometidos por los imperialistas japoneses en la mina carbonífera de Hashima de la ciudad de Nagasaki.
Esta mina submarina situada en el islote Hashima frente a la ciudad de Nagasaki se conocía como infierno desde el comienzo de su explotación por sus malas condiciones de vida y trabajo.
Los imperialistas japoneses llevaron a casi mil coreanos a ese islote pequeño donde no brotaba ni una gota de agua potable y les impusieron los trabajos de esclavitud.
Así revela el portavoz de la Asociación de Coreanos Reclutados Forzosamente y Sus Familiares en su nota fechada 22 y prosigue:
Son pruebas contundentes las cicatrices que quedan todavía en el cuerpo de las víctimas, los restos mortales de los coreanos enterrados por doquier del territorio y el mar de Japón y las lágrimas amargas derramadas por sus familiares esperando con ansiedad el regreso de sus consanguíneos.
Esto es un hecho histórico innegable por nadie y una muestra evidente del carácter bárbaro de reclutamiento y trabajo forzados, impuestos por los japoneses contra el pueblo coreano.
El presente caso parte del astuto intento del gobierno japonés de liberarse de su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad y de su obligación de indemnizarlos y embrutecer a los habitantes describiendo la correcta comprensión sobre la historia como “concepto de reprimenda propia” para lanzarlos de nuevo como brigada de choque de la agresión a ultramar.
El gobierno japonés debe reflexionar sinceramente de sus crímenes del pasado, pedir disculpas sinceras a las víctimas e indemnizarles debidamente, en lugar de esforzarse en vano por eludir su culpabilidad en ese caso de grave violación de DDHH.
