Japón aun no salda cuentas de sus megacrímenes cometidos contra la nación coreana y otros pueblos asiáticos en el siglo pasado.
El secuestro era su política estatal, uno de los problemas que quedan sin ser resueltos.
Lo comprueban los hechos históricos del siglo XX.
Durante la ocupación militar a Corea (1905-1945), Japón tomó como su política secuestrar y arrestar forzosamente a los coreanos y la ejecutó de manera organizativa a escala nacional.
Su delito representativo era la esclavitud sexual. Después de la guerra de agresión a Siberia, Japón decidió establecer la esclavitud sexual a base de una anormal teoría militar según la cual “es necesario satisfacer la demanda sexual de los soldados con el fin de mantener la fuerza combativa del ejército”, y secuestró y arrestó abiertamente a las mujeres coreanas desde la década de 1920.
Según una publicación japonesa, su gobierno y autoridades militares formularon un plan para suministrar una esclava sexual a 29 militares y para este fin adoptaron varias leyes y documentos como el “reglamento de la casa de consoladoras” y el “decreto del trabajo espiritual de la mujer”.
Los actos criminales de Japón se evidencian a través de un telegrama de tiempo de guerra enviado en marzo de 1942 al primer ministro Tojo por el comandante de la tropa acantonada en Taiwán, en el que le exigió enviar 50 consoladoras desde el cuartel general del ejército en la región meridional a Brunei.
Los imperialistas japoneses lanzaron asaltos sorpresivos a las casas campesinas en avanzada noche para secuestrar a las mujeres, y arrastraron en camiones a las que trabajaban en los arrozales, pasaban por las calles y lavaban cerca del pozo. Y llevaron a fuerza no solamente a las muchachas de unos veinte años de edad sino también a las madres lactantes y las prometidas, cuya número superó los 200 000.
La política de secuestro y arresto de Japón no se limitó solo a las mujeres.
Cuando se enfrentó a una situación de ser agotados los recursos humanos debido a la escalada de la guerra de agresión, el imperio Japón fabricó y proclamó las leyes draconianas como la “ley de la movilización general del Estado”, “ley de la conscripción laboral de ciudadanos” y “ley de la conscripción laboral de adultos”.
Los libros japoneses escriben que como la “conspiración laboral” se revestía el carácter forzoso, los coreanos escaparon uno tras otro del trabajo forzado. Desde el año 1938 después de haber estallado la guerra China-Japón, los imperialistas japoneses arrastraron a más de 8,4 millones de coreanos para someterlos a los trabajos forzados y servicios militares.
Todos estos hechos testimonian que Japón tomó el rapto y arresto forzado como su política estatal y que su gobierno y autoridades militares y las entidades subordinadas fueron involucrados para ejecutarla.
Estos delitos cometidos históricamente por Japón dejan un gran dolor en el pueblo coreano hasta la fecha.
En vez de recompensar por su pasado criminal, este país isleño insulta a las víctimas de la esclavitud sexual e intenta tergiversar la historia. Recientemente, se esfuerza desesperadamente por modificar la constitución en un intento de convertirse en un potencia militar y hacer realidad su ambición militarista.
Pero, este proceder lo conduce a su propia ruina