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El premier Abe y otros altos funcionarios del gobierno japonés mantienen el disparate de que “ya fue resuelto perfectamente en lo jurídico el problema del pasado” y que “no se debe usar la palabra tergiversada “esclavitud sexual””.
Como ya es conocido, el caso de esclavitud sexual es un tremendo crimen de lesa humanidad de carácter organizado. Todo ello ordenado por el gobierno imperial japonés y cometido por su ejército.
En la primera mitad del siglo pasado, Japón arrestó y secuestró a 200 mil mujeres coreanas y las de otros países del mundo y les impuso la vergonzosa vida de esclava sexual para sus uniformados.
Seiji Yoshida, uno de los ejecutores materiales del crimen, confesó que sobrepasa en más de mil el número de esclavas sexuales arrestadas forzosamente bajo su mando directo.
Según el telegrama, emitido el 12 de marzo de 1942 al premier japonés por el comandante de las tropas japonesas estacionadas en Taiwán durante la segunda guerra mundial, el entonces premier Tojo estuvo involucrado hasta en el envío de administradores de las casas de cita con “Mujeres de consuelo”.
Ante las pruebas innegables, los gobiernos anteriores japoneses se vieron obligados a reconocer el crimen.
El ex director del secretariado del gabinete, Kono, reconoció en su declaración el carácter forzado del crimen y la intervención del gobierno.
Aunque fue superficialmente, Abe también había dicho la palabra “disculpa”.
Sin embargo, los astutos politicastros del país isleño vuelven a negar hoy en día los crímenes del pasado. Todo ello a fin de eludir a toda costa la responsabilidad legal de su Estado.
Japón no puede ocultar de ninguna manera sus crímenes de lesa humanidad, incluso el caso de esclavitud sexual. Tampoco puede eludir la responsabilidad por el respecto.
